📰 Gobierno prorroga Estado de Emergencia en seis distritos de Madre de Dios ante persistencia de delitos ambientales y conexos
Madre de Dios, 23 de septiembre de 2025 — A través del Decreto Supremo N.º 117-2025-PCM, el Poder Ejecutivo oficializó la prórroga del Estado de Emergencia por un periodo de 60 días calendario en seis distritos del departamento de Madre de Dios, como parte de una estrategia integral para enfrentar actividades ilícitas que afectan gravemente el orden interno.
La medida, que entra en vigencia desde este 23 de septiembre, abarca los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto en la provincia de Tambopata, así como Madre de Dios y Huepetuhe en la provincia de Manu. Todas estas jurisdicciones han sido identificadas como zonas críticas por la persistencia de minería ilegal, tala ilegal y delitos conexos como tráfico ilícito de drogas, homicidio, robo, trata de personas, entre otros.
🛡️ Objetivo: recuperar el orden interno
Según el decreto, la finalidad de la prórroga es combatir y neutralizar las economías ilegales que operan en la región, así como restablecer el orden interno frente al avance de la delincuencia común y el crimen organizado. La intervención se enmarca en lo dispuesto por el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que faculta al Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, a decretar estados de excepción en casos de perturbación grave de la paz o del orden interno.
🗺️ Ámbito territorial afectado
La medida se focaliza en dos provincias del departamento amazónico:
- Provincia de Tambopata: Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto
- Provincia de Manu: Madre de Dios, Huepetuhe
Estas zonas han sido objeto de reiteradas intervenciones desde 2023, debido a su alta vulnerabilidad frente a redes ilegales que operan en áreas de difícil acceso.
⚖️ Base legal y operativa
El Decreto Supremo N.º 117-2025-PCM se sustenta en la normativa constitucional y en disposiciones complementarias que regulan el uso de la fuerza, la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y la protección de derechos fundamentales durante regímenes de excepción.
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